Comunicado de la Red Feminista de Extremadura instando al Gobierno y al Poder Judicial a aplicar medidas consecuentes con el principio de protección a las víctimas.

 

La Red Feminista de Extremadura insta al Gobierno y al Poder Judicial a proteger a las mujeres junto con sus hijas e hijos, así como a aplicar medidas consecuentes con el principio de protección a las víctimas.

El caso de Juana Rivas no es un caso aislado. Muchas mujeres que han pasado y están pasando por procesos judiciales de violencia de género la entienden muy bien. En Juana han visto a una mujer que está luchando por proteger a sus hijos de un maltratador que ejerce sobre ella múltiples formas de violencia, siendo la más cruel, la que le infringe a través de la utilización de sus hijos.

Desde la Red Feminista de Extremadura estamos consternadas con el mensaje que la justicia está mandando a estas mujeres en particular, y a la sociedad en general. A las víctimas de violencia machista se las alienta a denunciar, pero cuando lo hacen son ellas las denunciadas, las cuestionadas, las juzgadas; son ellas la que deben aportar las pruebas, siendo sometidas al escarnio público y a una justicia patriarcal. En ocasiones, son castigadas a través de la pérdida de sus criaturas. Cuando la mujer actúa y se arma de valor para denunciar, la justicia tiene la obligación de apoyarla a ella y a sus hijos e hijas. Denunciar nunca puede significar perderlos en favor del maltratador.

Con el encausamiento de la familia de Juana, así como de la psicóloga y de la asesora legal de la Casa de la Mujer de Maracena, también se está mandando un mensaje de advertencia a todas aquellas personas del entorno próximo de las víctimas que se atrevan a ayudarlas, potenciando así el aislamiento y el sentimiento de indefensión al que las someten los maltratadores.

España ratificó el Convenio de Estambul en el año 2014, marco legislativo europeo que recoge que los menores serán víctimas de la violencia de género “si sufren la violencia directamente, pero también por el mero hecho de presenciarla”. En consecuencia, en el año 2015 se modifica la ley que empieza a considerar a los menores como víctimas. Sin embargo, esta realidad no ha tenido apenas repercusión en los juzgados donde tan solo a un 5% de los maltratadores condenados se les prohíbe ver a sus hijas e hijos.

Tanto el actual Defensor del Pueblo Fernández Marugán, que en entrevista concedida recientemente al periódico El País afirma que “un maltratador nunca puede ser un buen padre“; como la anterior defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que instó a los poderes públicos a legislar para la retirada de visitas a maltratadores – a raíz de que el parricida Marcos Mirás asesinara al pequeño Javier durante un régimen de visitas-; los tribunales de justicia se han hecho eco de este modus operandi. Ahora, en el reciente Pacto de Estado contra la VG se ha vuelto a tratar este tema, pero poco se avanzará mientras se siga dejando este aspecto a la interpretación de la persona que juzga, lo cual da como resultado sentencias arbitrarias sobre cada caso particular.

Situaciones mucho más aberrantes se producen cuando, existiendo denuncias por violencia de género, e incluso condenas en firme, se siguen dando custodias a los maltratadores. Especialmente si la madre lucha por proteger a sus hijos e hijas cuando éstos no quieren ver al maltratador, o si la mujer denuncia al padre por abusos a los y las menores. Hay demasiados casos de Juanas anónimas, de madres que acaban en la cárcel, perdiendo la custodia e incluso la patria potestad.

El caso de Juana Rivas, no es una excepción. Por desgracia resulta demasiado habitual que las mujeres que atraviesan procesos judiciales por haber sido víctimas, junto con sus hijos e hijas, de violencia de género, sean acusadas de ejercer alienación parental. La jueza del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Granada, ignorando intencionadamente todas las recomendaciones nacionales e internacionales, alude al falso SAP para entregar a los hijos de Juana al maltratador.

En estos casos y en muchos otros, vemos como los juzgados siguen dictando sentencias de retirada de custodia a la madre, en favor del maltratador, alegando el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP). Pero hay que recordar que el SAP ha sido desacreditado por el propio Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, a nivel nacional, y por la Asociación Americana de Psicología (APA) a nivel internacional. Ninguna asociación profesional o científica ha reconocido el mencionado síndrome. Es clara la utilización que se hace del SAP para culpabilizar a las mujeres en los respaldos hacia sus hijos e hijas cuando tienen un padre violento, haciéndolas responsables de esta situación de manera reiterada. Cuando las o los menores intentan evitar por todos los medios a su padre, esta actitud se fundamenta en la práctica paternal del mismo.

Las consecuencias de la no suspensión del régimen de visitas a los maltratadores pueden ser letales. En este sentido, es necesario, recordar, una y otra vez, el caso de Ángela González Carreño cuya hija fue asesinada durante un régimen de visitas que el juzgado le concedió al padre maltratador, después de que la madre interpusiera 51 denuncias por evitarlo.

La Convención para la Eliminación de todas formas de Discriminación para la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW) condenó al Gobierno español por su responsabilidad en el asesinato de esta menor y le instó a que tomara medidas para protegerles. Sin embargo, el Gobierno se limitó a manifestar que las decisiones de las Naciones Unidas no son vinculantes, dejando desamparadas a las criaturas que conviven en un entorno de violencia machista.

El gobierno de España se ha negado a asumir cualquier responsabilidad y no ha tomado ninguna medida efectiva respecto a la suspensión del régimen de visitas a los maltratadores. Como resultado de la inacción de nuestras autoridades, en el año 2017, once menores españoles han sido asesinados por sus progenitores, siete en territorio español y cuatro en el extranjero, mientras estaban de vacaciones con su maltratador. Esto supone una media de una criatura al mes asesinada por violencia machista en España.  Según cifras de la Federación de Asociaciones de Mujeres Divorciadas y Separadas, desde 2009 otros 84 niños han sido asesinados por sus padres, parejas o exparejas. Si tenemos en cuenta las cifras desde 1999 se elevan a unos 103. Sin duda, cifras dramáticas.

Desde la Red Feminista de Extremadura demandamos al Gobierno una formación y especialización en materia de género del sistema judicial y los operadores que intervienen en los casos de violencia machista, especialmente cuando existen menores involucrados, como víctimas directas, con una perspectiva clara de deslindar el interés del menor del interés del progenitor. Y, por otra parte, al Poder Judicial que incorpore la perspectiva de género en las sentencias judiciales, superando arquetipos, estereotipos y prejuicios, valorando la situación de desigualdad real y de desequilibrio de poder que existe en nuestra sociedad entre mujeres y hombres por razón de género. Es necesario un compromiso real del Gobierno y de la justicia con esta lacra social que supone la violencia de género. Urge una justicia que proteja a las mujeres, sus hijas e hijos, y aplique medidas consecuentes con el principio de protección de las víctimas, como la retirada de custodias y la suspensión del régimen de visitas a los maltratadores.

red

Red Feminista de Extremadura

E-mail: red.feminista.extremadura@gmail.com

Web: https://redfemex.wordpress.com/

 

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